Un mes de plazo para impugnar una liquidación errónea de la AEAT.

La ley del embudo: 1 mes para recurrir si se equivoca la AEAT, 4 años tiene la AEAT para revisar nuestras declaraciones.

Cualquier declaración tributaria presentada por el contribuyente puede ser impugnada por éste dentro del plazo de prescripción del tributo de 4 años. Pero si se impugna una liquidación provisional por un error de derecho cometido por la Administración, el plazo para impugnar es de un mes. mediante un recurso de reposición.

La prescripción comienza a contarse a partir del término legal para presentar la declaración, a no ser que se tratara de una declaración presentada fuera de plazo. En este caso la prescripción se contaría a partir de la fecha de su presentación.

Pero en el caso de actos tributarios efectuados por la Administración no siempre se pueden impugnar dentro de este plazo genérico de la prescripción de 4 años.

Este es el caso para impugnar una liquidación administrativa.

Tratándose de impugnar errores de hecho de una liquidación administrativa el plazo de impugnación sigue siendo de 4 años, pero tratándose de errores de derecho el plazo de impugnación es de un mes.

Este es el plazo para interponer el recurso de reposición.(Artículo 223 LGT)

Un error de hecho es por ejemplo el error en una suma, el error en una fecha… Un error de derecho es por ejemplo la  interpretación errónea de una norma tributaria.

Pero no es clara la frontera entre error de hecho y error de derecho: YOLANDA HERNÁNDEZ VILLALÓN , Letrada jefe –adjunta en la Comunidad de Madrid, acerca del recurso extraordinario de revisión en la Ley 39/2015, en su artículo: Recurso extraordinario de revisión en la Ley 39/2015, dice así:


“Conviene aclarar que no constituye “error de derecho” la mera discrepancia o equivocación en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico, sino tan solo aquel que se produce de modo craso, patente e indudable, como cuando una resolución administrativa aplica normas inexistentes, caducas o interpreta determinados preceptos en un sentido que, de manera abierta o palmaria, es contraria a la legalidad”

Tal como expone la señora Yolanda Hernández Villalón la equivocación en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico es un error de hecho. Por lo tanto cabría impugnar la liquidación en el plazo de 4 años, no en el plazo limitación de 1 mes del recurso de reposición.

Se trataría del recurso de rectificación de errores que puede interponerse dentro del,plazo de prescripción de limpuesto.(Artículo 220 LGT)

Y ello ocurre así por un principio de la seguridad jurídica de las resoluciones administrativas y por tratarse de actos firmes. Aunque ello va contra la garantía de los derechos de los contribuyentes, los actos firmes no pueden impugnarse. Por ello es tan importante computar correctamente los plazos.

Pero el acto firme, que cierra la posibilidad de impugnación, no puede invocarse por la administración en el caso de actos nulos de pleno derecho, regulados en el artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas:

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Es el caso del recurso de revocación para solicitar la anulación de actos firmes dentro del plazo de prescripción del impuesto. Y ello cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido la indefensión de los interesados.

Pero como he comentado antes en tanto no exista una resolución administrativa, todo contribuyente puede impugnar sus declaraciones tributarias en un plazo de 4 años.

En el supuesto de impugnar una resolución de un tribunal económico administrativo existe la posibilidad de interponer un recurso de anulación en el plazo de 15 días. (Artículo 241 LGT

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