Tributación por la disolución de una Comunidad

Disolución de una comunidad

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisión de inmuebles entre los cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cuál sea el régimen económico matrimonial.

La Consulta Vinculante V1591-08, de 28 de Julio de 2008 de la Subdirección de Tributos Locales comienza el estudio sobre esta cuestión refiriéndose a la fundamentación de la Comunidad de bienes en el código Civil. Y expone los artículos 392 a 406 del Código. Y dice que el artículo 392 señala que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece proindiviso a varias personas. El artículo 399 prevé la posibilidad de que cada condueño pueda disponer de su cuota-parte en los siguientes términos: todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le corresponda, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aún sustituir a otro en su aprovechamiento, salvo que se tratara de derechos personales.

Según el artículo 400 ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se  divida la cosa común. Esto no obstante será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de 10 años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.

Según el artículo 401, sin embargo lo dispuesto en el artículo anterior, los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común, cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina.

 Conforme al artículo 404, cuando la cosa fuera esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.

 A continuación el redactor de la consulta se refiere a la partición de la herencia y concretamente a los artículos 1051, 1052 y y 1062 del Código Civil.

Dice el artículo 1051 que ningún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la división. Pero, aun cuando la prohíba, tendrá lugar siempre mediante alguna de las causas por las que se extingue la sociedad.

Según el artículo 1052, todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquier momento la partición de la herencia.

Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos

 Y según el artículo 1062, cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a otros el exceso en dinero. Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga. Desarrollado el concepto legal de comunidad y su extinción y de herencia y su partición, el redactor de la consulta alude a esta cuestión tratada en diversas sentencias de los Tribunales. Y prosigue: La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de Enero de 1993 señala en su fundamento de derecho quinto que:

“el acto extintivo del condominio en el aspecto fiscal, no es un acto transmisivo de la propiedad dominical, que constituya objeto de tributación por el concepto de incremento de valor de los terrenos, pues el copropietario o condómino era ya anteriormente partícipe de la titularidad dominical de los terrenos que como consecuencia de la extinción se le atribuyen, ya que lo que acontece, con ésta, es la mera o simple sustitución de una porción o cuota “pro indiviso” que venía correspondiendo de un modo abstracto sobre la titularidad del inmueble, que era objeto de comunidad a cada uno de los partícipes, en la atribución a éstos de una porción material completa que se les adjudica en propiedad exclusiva sin incremento alguno de valor , por lo que la adjudicación ninguna influencia ni repercusión  puede tener a efectos tributarios, ni la división practicada con tal motivo…” Luego se refiere a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de Junio de 1995 que señala en su fundamento de derecho tercero que: “la inexistencia de hecho imponible en el supuesto de extinción del condominio cuando la adjudicación no excede del porcentaje atribuible a la primitiva participación y, que la adjudicación extintiva de la comunidad de bienes no es un acto genuinamente traslativo, ya que no hay verdadera trasmisión de un hecho preexistente en que una persona sucede a otra, particìpando más bien de la naturaleza de acto declarativo de fijación, dando certeza y concreción a la situación de cada titular, siendo coherente con éste carácter declarativo de la adjudicación el artículo 450 del Código Civil al disponer que “cada uno de los partícipes de una cosa que se posea en común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión”.

En la fase de conclusiones, la consulta vinculante se refiere a la disolución de comunidades de bienes constituidas por actos “inter vivos”, por voluntad de las partes, en las que dos o más personas deciden voluntariamente adquirir en común uno o más bienes. En este tipo de comunidades, voluntaria, si la extinción de la misma se produce con adjudicación a cada uno de los comuneros en proporción a su cuota de participación, sin que se produzca exceso de adjudicación a ninguno de ellos, no se produce el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La división tiene un efecto declarativo y no traslativo, porque no atribuye algo que no tuvieran antes los comuneros y no produce en éstos ningún beneficio patrimonial, al existir una distribución proporcional y equitativa de los bienes existentes en la comunidad que se disuelve. Pero si la extinción de la comunidad de bienes voluntaria se realiza mediante la adjudicación de los bienes a uno de los comuneros y compensación económica al resto de comuneros, se produce un exceso de adjudicación que es gravado por el IIVTNU. No existe una simple extinción del condominio, con adjudicación proporcional a los partícipes, sino una transmisión patrimonial por el exceso de adjudicación a uno de los partícipes respecto a su cuota de participación inicial.

Impuesto sobre  Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Pero la  STS del 28/06/99 (rec. nº 8138/1998), en la cual el TS dice sin ambages que la adjudicación de un bien indivisible a uno de sus copropietarios a cambio de compensar en dinero a los restantes no constituye transmisión alguna, ni civil ni fiscalmente, puesto que no es más que la concreción de un derecho abstracto preexistente. Podríamos afirmar que esta STS puso fin a la polémica acerca de la tributación de la extinción del condominio en el ámbito del ITPAJD, en el sentido de que, no habiendo transmisión patrimonial difícilmente podía haber sujeción a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales, sin perjuicio de su tributación por Actos Jurídicos Documentados cuando concurriesen los restantes requisitos exigidos por este hecho imponible.

No sin ciertos titubeos esta tesis acabó siendo igualmente aceptada en cuanto al Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (entre otras muchas la sentencia nº 443/2013 del TSJ Cat del 18/04/13).

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

En el caso de que se atribuyan a uno de los copropietarios o comuneros bienes derechos por mayor valor al que corresponda a su cuota de titularidad, existirá una alteración patrimonial en el otro u otros copropietarios o comuneros,

 No existiendo transmisión patrimonial alguna a efectos civiles ni fiscales, sino la mera concreción económica para el no adjudicatario del bien de su valor económico en el proindiviso, no podía dar lugar a una ganancia patrimonial en el ámbito del IRPF, ya que ésta requiere de la existencia de una alteración en el patrimonio del contribuyente, la cual en puridad jurídica, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, parecía no haberse producido.

Una nueva STS que sirve de referente a la Administración tributaria para respaldar su criterio es la dictada el 3/11/10 (rec. nº 2040/2005), mediante la cual el TS viene a decir que sus argumentos tan rotundamente expuestos en su STS del 28/06/99 en un caso de ITPAJD no son trasladables al ámbito del IRPF, ya que es obvio que el aumento de valor del bien a dividir reconocido por las partes y compensado por el condómino adjudicatario al otro constituye un incremento patrimonial.

Hasta la Resolución del TEAC dictada el 7/06/18 en unificación de criterio (nº 2488/2017) con origen en el TEAR de Canarias, la cual puso fin a cualquier esperanza, al menos, en la vía administrativa, ya que incluso afirma que el comunero que es compensado económicamente está transmitiendo al adjudicatario a título oneroso la parte de la cuota indivisa que a él le correspondía. La Resolución finaliza fijando el siguiente criterio vinculante para todos los órganos de la Administración tributaria:

“No obstante, para que opere lo previsto en el precepto citado (art. 33.2 LIRPF) es preciso que las adjudicaciones que se lleven a cabo al deshacerse la indivisión o en la extinción del condominio se correspondan con la cuota de titularidad, ya que, en el caso de que se atribuyan a uno de los copropietarios o comuneros bienes o derechos por mayor valor al que corresponda a su cuota de titularidad, existirá una alteración patrimonial en el otro u otros copropietarios o comuneros, pudiéndose generar, en su caso y en función de las variaciones de valor que hubiera podido experimentar el inmueble, una ganancia o una pérdida patrimonial.”

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