Tributación de la disolución de la comunidad de bienes y de la adjudicación de las entidades resultantes

La disolución de la comunidad de bienes que no realice actividades empresariales tributará únicamente por el Impuesto sobre actos jurídicos documentados.

Las conclusiones de la Dirección General de Tributos son que en los casos en que una escritura pública documente el acto de división en régimen de propiedad horizontal de la finca así como la disolución  de la comunidad o sociedad y la consecuente adjudicación de las entidades resultantes, se producen dos convenciones:

-Por una parte la división en régimen de propiedad horizontal sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados.

-Por otra, la disolución de la comunidad, la cual, según los casos, estará sujeta también a la modalidad de operaciones societarias en el caso que la comunidad haya realizado una actividad económica.

Por ello se produce una doble tributación en el impuesto sobre actos jurídicos documentados.

Ante esta contradicción parece recomendable liquidar actos jurídicos documentados tanto por la disolución de la comunidad como por la constitución del régimen de propiedad horizontal y posteriormente solicitar la devolución de ingresos indebidos, para evitar la liquidación paralela de la Agencia Tributaria con la sanción y los intereses que se tendrían que desembolsar, ya que posteriormente se acabará igualmente en los Tribunales.

Consulta V2294-09 de 13 de Octubre de 2009, que plantea lo siguiente:

“El consultante y dos de sus hermanos han heredado un solar por terceras e iguales partes sobre el cuál tienen la intención de construir un edificio compuesto de una planta baja y de tres pisos. La promoción va a realizarse con la intención de quedarse cada uno de los hermanos con un piso para uso propio.”

En el tema que nos interesa esta Consulta resuelve lo siguiente:

“El artículo 4 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de Septiembre  del Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establece:

“A una sola convención no puede exigírsele más que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo documento o contrato de compraventa comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a cada una de ellas, salvo en los casos en que se determine expresamente otra cosa.”

Por otra parte el artículo 31.2 del mismo texto legal establece que:

2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley,(Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y impuesto sobre operaciones societarias) tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma.

Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará el 0,50 %, en cuanto a tales actos o contratos.

La declaración de obra nueva y la división horizontal quedan sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el concepto actos jurídicos documentados, documentos notariales, ya que ambas operaciones cumplen los requisitos de fijación del artículo 31.2 citado:

-Que la operación se instrumente en una escritura pública o acta notarial, que tenga por objeto cantidad o cosa evaluable.

-Que contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de Propiedad, Mercantil o de la Propiedad Industrial.

-Que los actos o contratos anteriores no se encuentren sujetos al Título I de Transmisiones Patrimoniales Onerosas o el Título I de Operaciones Societarias del mismo ITP y AJD, ni al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En consecuencia, ambas operaciones deberán tributar por el gravamen de actos jurídicos documentados.

Respecto a la asignación a cada hermano de su parte, debe señalarse en primer lugar que de acuerdo con el artículo 392 del Código Civil, la situación de proindiviso implica la existencia de comunidad de bienes, por lo que la cesación del proindiviso, equivale a los efectos del impuesto, a la disolución de una comunidad de bienes.

A este respecto el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone lo siguiente:

1. La disolución de comunidades que resulten gravadas en su constitución, se considerará a los efectos del impuesto, como disolución de sociedades, girándose la liquidación por el importe de los bienes, derechos o porciones adjudicadas a cada comunero.

2. La disolución de comunidades de bienes que no hayan realizado actividades empresariales, siempre que las adjudicaciones guarden la debida proporción con las cuotas de titularidad, sólo tributarán, en su caso, por Actos Jurídicos Documentados.

Por lo tanto la disolución de la comunidad de bienes tributará por operaciones societarias si la comunidad de bienes hubiera realizado actividades empresariales.


Si la comunidad de bienes no ha realizado actividades empresariales la disolución de la comunidad tributará únicamente por actos jurídicos documentados ya que las adjudicaciones van a guardar la debida proporción a sus cuotas de participación.

Resolució num. 3/2012 Tributació de les escriptures públiques que documenten la divisió d´inmobles en régim de propietat horitzontal i l´adjudicació de les entitats resultants

En sentido contrario se había pronunciado el TS en el año 1998, según la sentencia 6670/1998, cuando en una misma escritura se formaliza la copropiedad horizontal y la extinción del condominio, solo se procede la tributación en la modalidad de AJD por la extinción del condominio y no por la división de la propiedad horizontal, ya que el acto de división es un antecedente e imprescindible de la adjudicación-disolución de la comunidad. Por tanto, según el Supremo, se ha de realizar una sola liquidaciónpor AJD en concepto de extinción del condominio, y no por la división horizontal. En este mismo sentido el TSJ de Cataluña, sentencia REC 518/2013, señala que: “Es evidente que en este caso el documento de referencia contiene una sola convención, porque la división en régimen de propiedad horizontal incluye la adjudicación de las fincas resultantes y es su propósito” y en su sentencia de 2015 (REC 1168/11).

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