Sociedades instrumentales en el punto de mira de la Agencia Tributaria

Sociedades instrumentales   en el punto de mira de la Agencia Tributaria. Hay que temer  posibles comprobaciones  en el Impuesto sobre la Renta, en el  Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre el valor añadido dentro del plazo de prescripción de estos impuestos. Valoración de las prestaciones de servicios, remansamiento de rentas, deducción de gastos personales, deducción del iva soportado  y tributación a un tipo impositivo inferior en el Impuesto sobre Sociedades son   aspectos susceptibles de comprobación.

El control de la Administración Tributaria, referido a la comprobación de los riesgos fiscales asociados a la constitución de sociedades por personas físicas y los procesos de facturación o canalización de rentas, así como de la ostentación de la titularidad de activos y patrimonio de uso personal en cuanto estructura societaria, ha derivado en una serie de pautas y advertencias desarrolladas a efectos de regular las conductas que se consideran contrarias al ordenamiento jurídico, y que eventualmente podrían llevar aparejadas contingencias regularizables en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Patrimonio.

En garantía de los principios de transparencia y seguridad jurídica, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes y asesores las pautas necesarias para facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.

 

Si bien no es menos cierto que cualquier contribuyente puede realizar sus actividades profesionales por medio de una sociedad,   la Administración Tributaria controlará sus movimientos fiscales, procurando que estos se encuentren condicionados a la verdadera naturaleza de la actividad realizada.

Uno de los primeros riesgos visualizados por la Administración Tributaria, está relacionado  con prácticas tendientes a reducir de manera ilícita la carga fiscal, lo cual significa la utilización de sociedades a través de las cuales se realizaría la actividad. Un ejemplo es lo señalado en el Recurso 1496/2012 del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015, confirmado por Recurso 2402/2015 del STS de 4 de octubre de 2016, en donde se señala que la norma no ampara el que se utilice una sociedad mercantil para facturar los servicios que realiza una persona física, sin intervención de la sociedad misma, toda vez que se trataría entonces de un simple medio para cobrar los servicios y así reducir la imposición directa del profesional. Esa así como la Administración Tributaria hará un examen casuístico, en el cual cobra importancia:

  • Si los medios materiales y humanos a través de los cuales se prestan los servicios o realizan las operaciones a comprobar, son de titularidad de la persona física o de la sociedad.
  • Si ambos tienen medios materiales y humanos para prestas dichos servicios o realizar dichas operaciones, si la intervención de la sociedad en la realización de dichas operaciones es real y efectiva.

Si del examen queda manifiesto que la sociedad carece de medios materiales o no han sido estos empleados en la actividad profesional, estaríamos ante la figura de la simulación, definida en el artículo 16 de la Ley 58/203, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que se concluya que la sociedad efectivamente cuenta con los medios personales y materiales adecuados, habiendo además intervenido en la operación de prestación de servicios, se realizará un análisis de la tributación en relación a determinar si las prestaciones se encuentran correctamente valoradas conforme a lo previsto en el artículo 18 de a Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades (LIS). De existir una incorrecta valoración, deberá procederse a la regularización, y en su caso, existirá una sanción respecto de los casos en que exista una reducción ilícita de la carga fiscal, derivada de dicha valoración incorrecta de las operaciones.

Ahora bien, una segunda clase  de riesgo se relaciona  con el remansamiento de rentas, y la localización de una parte importante del patrimonio del contribuyente en sociedades de las cuales es titular, lo cual frecuentemente tiende a confundir el patrimonio del socio con el de la sociedad. Uno de los ejemplos más claros es la disposición de diversos bienes de la sociedad a disposición del socio, tales como viviendas y medios de transporte, y asimismo la satisfacción de los gastos asociados a su uso y otros gastos personales del socio, sin que exista ningún tipo de contrato de arrendamiento o cesión de uso sobre dichos bienes. En estos supuestos nos encontramos con que normalmente no se registra renta en sede de la persona física, aun cuando el costo de vida del socio es asumido por la sociedad; asimismo, en la sociedad se registra una deducción del gasto y en suc aso de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de dichos bienes y/o servicios, deducidos al ser asumidos por la sociedad, y que no conllevarían dicha reducción en caso de que el destinatario fuese una persona física. Al contrario, también puede darse el caso de que el bien a nombre de la sociedad sea utilizado por la persona física, amparado en un contrato de arrendamiento o cesión de uso. En este caso, resultará determinante analizar dichos contratos, a efectos de de establecer si la valoración de la cesión es correcta de  conformidad al Artículo 18.

Finalmente, la Administración Tributaria hace referencia a conductas más graves detectadas, tales como la simulación de contratos de arrendamiento entre socio y sociedad, a efectos de intentar acogerse a la deducción de las cuotas de IVA, o aquellos casos en que se pretende compensar en sede societaria los ingresos con partidas de gastos no afectos al ejercicio de la actividad profesional por parte del contribuyente obligado, sino que asociadas a gastos o inversiones propias del ámbito particular.

 

 

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