Retenciones en IRPF inaplazables

La facilidad de aplazar el pago de las retenciones en el IRPF ha tocado a su fin.

En una instrucción interna la Agencia Tributaria instó en el mes de diciembre de 2013 a todas las delegaciones territoriales a denegar, con carácter general, las solicitudes de las empresas para aplazar las retenciones del IRPF de sus empleados. Esta medida sustituye otra orden de la Agencia Tributaria del año 2009 en sentido contrario. El cambio fue una sorpresa para muchas compañías que confiaban en postergar el importante pago de las retenciones que abonan en enero y que incluyen la extra de Navidad. 

La legislación vigente establece que, en principio, las retenciones no son aplazables al tratarse de recursos que no pertenecen a las empresas, sino que derivan del IRPF que pagan los trabajadores. En este sentido, los empresarios actúan como intermediarios o, si se quiere, como recaudadores de la Agencia Tributaria. Sin embargo, ante los problemas de tesorería, Hacienda realizó una interpretación benévola de la Ley y permitió a partir de 2009 que las compañías pudieran aplazar las retenciones con la misma facilidad con la que postergan el pago del IVA o el Impuesto sobre Sociedades. 

La nueva instrucción indica que esa permisividad ha provocado “una cierta utilización de forma fraudulenta de la figura del aplazamiento”. Hacienda entiende que la práctica seguida por muchas empresas de “solicitar de manera recurrente y sistemática el aplazamiento de deudas tributarias” resulta “una conducta defraudatoria y provoca graves distorsiones en la competencia”.

¿Qué dice la ley?

Hacienda argumenta que la legislación es muy clara al determinar que las retenciones no son “aplazables”. La norma solo contempla dos excepciones que deberán justificarse con un informe específico. Así, se concederán aplazamientos de retenciones cuando la empresa afectada “carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda” y el posible embargo de bienes afecte a su actividad. El otro supuesto es que la negativa al aplazamiento ponga en riesgo la supervivencia de una gran empresa, lo que perjudicaría los ingresos públicos. 

De hecho, a partir del 1 de enero de 2014, las solicitudes de aplazamiento de retenciones se entenderán “inadmitidas”. Antes, la Agencia Tributaria las aceptaba o las rechazaba. En este segundo caso el contribuyente contaba con un nuevo plazo para ingresar la deuda tributaria. Es decir, pese a la negativa, se mantenía el periodo voluntario de ingreso. Ahora al entenderse las solicitudes para aplazar retenciones como “inadmitidas” la deuda entra automáticamente en vía ejecutiva.Por lo tanto, las empresas afectadas deberán abonar un recargo mínimo del 5%  y se exponen a sufrir el embargo de bienes por parte de Hacienda. Además, cuando una compañía mantiene una deuda con Hacienda en vía ejecutiva no puede acceder a aplazamientos por otros impuestos, un problema que podría agravar aún más la tesorería de las sociedades. La figura de la “inadmisión” queda recogida en la ley contra el fraude fiscal que el Gobierno aprobó en octubre de 2012 y afecta a deudas tributarias como las renteciones que, con carácter general, tienen la consideración de “no aplazables”. Sin embargo, la nueva normativa no se había aplicado en la práctica.

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