Plazo para recurrir liquidaciones tributarias

No se puede perder el tiempo cuando se trata de recurrir una liquidación tributaria.

Las liquidaciones tributarias presentadas por el contribuyente pueden impugnarse en el plazo de prescripción del impuesto: 4 años. Pero las liquidaciones efectuadas por la Administración tienen un plazo de impugnación de un mes (plazo del recurso de reposición según el artículo 223 de la LGT), a no ser que se trate de un error de hecho. Pasados estos plazos los actos son firmes y no se pueden impugnar, a no ser que sean actos nulos de pleno derecho.

Recurso de reposición o recurso de rectificación de errores de hecho

Un error de hecho, que permitiría  impugnar una liquidación administrativa en el plazo de 4 años, es, por ejemplo, el error en una suma o el error en una fecha. Se trataría del recurso de rectificación de errores que puede interponerse dentro del plazo de prescripción del impuesto.(Artículo 220 LGT)

Un error de derecho, que permitiría recurrirlas en un plazo de un mes, es, por ejemplo, la aplicación por una liquidación administrativa de normas inexistentes. El plazo para recurrir este tipo de resoluciones es de un mes.

Pero no es clara la frontera entre error de hecho y error de derecho.

 YOLANDA HERNÁNDEZ VILLALÓN , letrada jefe –adjunta en la Comunidad de Madrid, acerca del recurso extraordinario de revisión en la Ley 39/2015, en su artículo: Recurso extraordinario de revisión en la Ley 39/2015, dice así:


“Conviene aclarar que no constituye “error de derecho” la mera discrepancia o equivocación en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico, sino tan sólo aquél que se produce de modo craso, patente e indudable, como cuando una resolución administrativa aplica normas inexistentes, caducas o interpreta determinados preceptos en un sentido que, de manera abierta o palmaria, es contraria a la legalidad”

Tal como expone la señora Yolanda Hernández Villalón la equivocación en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico es un error de hecho. Por lo tanto cabría impugnar la liquidación en el plazo de 4 años, no en el plazo  de 1 mes del recurso de reposición.

La razón de este plazo tan corto es por un principio de la seguridad jurídica de las resoluciones administrativas y por tratarse de actos firmes. Aunque ello va contra la garantía de los derechos de los contribuyentes, los actos firmes no pueden impugnarse. Por ello es tan importante computar correctamente los plazos.

Declaración de nulidad de pleno derecho (Artículo 217 Ley General Tributaria)

Pero el acto firme, que cierra la posibilidad de impugnación, no puede invocarse por la administración en el caso de actos nulos de pleno derecho, regulados en el artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas:

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. IArtículo 219 Ley General Tributaria)

Permite solicitar la anulación de actos firmes dentro del plazo de prescripción del impuesto. Y ello cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido la indefensión de los interesados.

Pero como he comentado antes,  en tanto no exista una resolución administrativa, todo contribuyente puede impugnar sus declaraciones tributarias en un plazo de 4 años.

En el supuesto de impugnar una resolución de un tribunal económico administrativo existe la posibilidad de interponer un recurso de anulación en el plazo de 15 días. (Artículo 241 LGT)

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