Constitucionalidad del régimen sancionador de las operaciones vinculadas
Cuestionada la legalidad de la  regulación de las operaciones vinculadas

Cuestionada la legalidad de la regulación de las operaciones vinculadas

El pasado jueves 17 de marzo de 2011 se hizo público el auto por el cual la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal supremo decide plantear cuestión de inconstitucionalidad acerca de los apartados 2 y 10 del artículo 16 de la ley del impuesto sobre sociedades que regulan el régimen de infracciones y sanciones de las operaciones vinculadas y las obligaciones de documentación. Se considera que puede ser contrario al artículo 25.1 de la Constitución.

El apartado dos del artículo 16 impone las obligaciones de documentación en las operaciones vinculadas pero no las concreta, labor que delega íntegramente en el reglamento. El apartado 10,  por su parte, establece infracciones y sanciones que pueden derivar del incumplimiento de las mencionadas obligaciones de documentación. Dado que al apartado 2 no las concreta, resulta que es, al final, el reglamento donde se regula sustantivamente el régimen sancionador en esta materia. Esta situación puede ser contraria al principio de legalidad penal que recoge el artículo 25.1 de la Constitución. Dado que el reglamento trae causa del impuesto sobre sociedades y en su artículo 16  se apreciaban serias vulneraciones de nuestra constitución, el   consejo superior de colegios oficiales de titulados mercantiles solicitó del tribunal supremo que elevara las dudas sobre la constitucionalidad de la ley al tribunal constitucional.

El Tribunal Constitucional, a través de su Sentencia de 11 de Julio de 2.013, ha declarado la constitucionalidad de la tipificación y el régimen sancionador previstos por el Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades en relación con el incumplimiento de la obligación de documentación de operaciones vinculadas.

Hemos de recordar que la Ley 36/2006, de 29 de Noviembre, reformó el régimen de las operaciones vinculadas dando nueva redacción al artículo 16 TRLIS, estableciendo la obligación de documentación de tales operaciones, (artículo 16.2) y el régimen sancionador relacionado con el incumplimiento de las mismas (artículo 16.10)

La Sentencia del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad por considerar que no se vulnera el artículo 25.1 CE. No obstante, advierte sobre la posible ilegalidad que plantea el reglamento de documentación y sancionador de las operaciones vinculadas, cuestión que tendrá que dilucidar el Tribunal Supremo, recordando, igualmente, que corresponde a los jueces y tribunales el análisis de proporcionalidad entre la sanción y la infracción por incumplimiento de la obligación de documentación en cada caso concreto.

El principio de legalidad penal, recogido en el artículo 25.1 CE, extensible al Derecho administrativo sancionador, debe articularse a través de una doble garantía: formal y material

La garantía formal exige que las normas que tipifiquen las conductas infractoras y sanciones han de tener carácter de ley. No onstante el TC considera que en materia sancionadora administrativa, la reserva de ley se atempera y ésta puede remitir al reglamento siempre y cuando, y de forma previa, determine los elementos esenciales de la conducta antijurídica.

Por otra parte la garantía material exige que las conductas infractoras así como las sanciones que llevan parejas, sean establecidas en la Ley con la mayor precisión posible, para que los ciudadanos puedan conocer de antemano las conductas ilícitas y preveer de esta manera las consecuencias de sus acciones.

El Tribunal Constitucional ha considerado que las conductas antijurídicas previstas en el apartado 10 del artículo 16 TRLIS cumplen con las garantías dado que:

.El ámbito de aplicación objetiva de la norma, se fija en el artículo 16.1 TRLIS al establecer qué tipo de operaciones son las que deben valorarse a mercado.

.El artículo 16.3 TRLIS identifica con exhaustividad las personas o entidades vinculadas y por tanto los sujetos susceptibles de incurrir en la responsabilidad sancionadora regulada en el apartado 10.

.El apartado 10 de este mismo artículo establece los dos tipos de conductas genéricas sancionables:

1) Falta de aportación o aportación incompleta, inexacta o con datos falsos de la documentación.
2) Declaración de un valor normal de mercado diferente del que se derive de la documentación.

El TC considera que no puede considerarse la remisión reglamentaria para la determinación de la documentación concreta a cumplimentar por el contribuyente, como una referencia abierta, por estar el reglamento sujeto a directrices legales suficientemente precisas.

En fin:
El TC declara que la ley debe recoger una regulación suficiente de las sanciones de los ilícitos administrativos, admitiendo la colaboración dentro de unos límites, tanto del desarrollo reglamentario, como de los jueces de lo contencioso administrativo para concretar el alcance o importe de la sanción.

En opinión del TC, la regulación del régimen sancionador de las operaciones vinculadas (artículo 16.10 TRLIS) fija con precisión las sanciones, pero no establece una correcta tipificación de las infracciones por la indefinición de los conceptos y términos empleados, al mismo tiempo que cuestiona la proporcionalidad del régimen sancionador.

El TC concluye salvando la constitucionalidad del artículo 16.10 del TRLIS en este punto, al establecer que el desarrollo reglamentario de dicho artículo debe garantizar que las infraciones que concrete sean graves y consecuentes con la severidad de las sanciones tipificadas, correspondiéndole a la jurisdicción ordinaria comprobar si hay proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones.

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