Novedades en el Modelo 720: Las cuentas no declaradas después de 2016 no son ganancia patrimonial no justificada

El pasado 15 de julio se produjo la lectura de las conclusiones del abogado general sobre el controvertido régimen sancionador del modelo 720 que obliga a los residentes a informar de sus bienes y derechos en el extranjero. 

El pasado 15 de julio se produjo la lectura de las conclusiones del abogado general sobre el controvertido régimen sancionador del modelo 720 que obliga a los residentes a informar de sus bienes y derechos en el extranjero.
El sistema actual penaliza la no presentación del modelo 720 con la calificación de los activos como ganancias patrimoniales no justificadas y que no prescriben, la imposición de una multa proporcional del 150% y la imposición de multas fijas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo de 10.000, sanciones que no se equiparan a las previstas por el artículo 198 de la Ley General Tributaria para infracciones similares.
En el informe tan comentado a lo largo de esta semana, el bogado general ha señalado que las multas formales que impone Hacienda son claramente desproporcionadas y vulneran las libertades fundamentales de la Unión Europea, ya que el estricto régimen sancionador actual puede suponer un obstáculo a la inversión de empresas y particulares españoles en otros Estados.
No obstante, el abogado no ha sido tan tajante con la imputación como ganancias no justificadas de los activos no declarados en el modelo 720. De hecho, considera que la argumentación de las instituciones europeas únicamente está lo suficientemente motivada para las cuentas bancarias abiertas con anterioridad a 2016, ya que es a partir de esa fecha cuando la Administración cuenta con acuerdos en materia de intercambio de información con otros Estados
De hecho, esta manifestación choca con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente con las SSTJUE de 11 de junio de 2009, 15 de septiembre de 2011, asunto C-132/10 (NFJ044030), de cuya lectura se puede concluir que la normativa española restringe claramente la libertad de movimientos de capitales al ampliar de facto el plazo de prescripción de la obligación tributaria cuando se trata de bienes situados en el extranjero y, por el contrario, mantener el plazo de prescripción general cuando la obligación tributaria se refiere a bienes situados en territorio español

En cualquier caso, lo que está claro es que España ha recibido ya numerosas advertencias acerca de este asunto, pero seguramente deberemos esperar a la próxima sentencia del Tribunal de la UE, confiando en que adopte la opinión del abogado general en materia de sanciones formales, pero sea más tajante con la imprescriptibilidad de los bienes y derechos situados en el extranjero. Sin duda, es el momento de la justicia europea para tumbar también la imprescriptibilidad: en nuestra opinión, argumentos para motivar esta cuestión tiene de sobra.

ador del modelo 720 que obliga a los residentes a informar de sus bienes y derechos en el extranjero. 

  El sistema actual penaliza la no presentación del modelo 720 con la calificación de los activos como ganancias patrimoniales no justificadas y que no prescriben, la imposición de una multa proporcional del 150% y la imposición de multas fijas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo de 10.000, sanciones que no se equiparan a las previstas por el artículo 198 de la Ley General Tributaria para infracciones similares.

 En  el informe tan comentado a lo largo de esta semana, el bogado general  ha señalado que las multas formales que impone Hacienda son claramente desproporcionadas y vulneran las libertades fundamentales de la Unión Europea, ya que el estricto régimen sancionador actual puede suponer un obstáculo a la inversión de empresas y particulares españoles en otros Estados.

No obstante, el abogado no ha sido tan tajante con la imputación como ganancias no justificadas de los activos no declarados en el modelo 720. De hecho, considera que la argumentación de las instituciones europeas únicamente está lo suficientemente motivada para las cuentas bancarias abiertas con anterioridad a 2016, ya que es a partir de esa fecha cuando la Administración cuenta con acuerdos en materia de intercambio de información con otros Estados

De hecho, esta manifestación choca con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente con las SSTJUE de 11 de junio de 2009,   15 de septiembre de 2011, asunto C-132/10 (NFJ044030), de cuya lectura se puede concluir que la normativa española restringe claramente la libertad de movimientos de capitales al ampliar de facto el plazo de prescripción de la obligación tributaria cuando se trata de bienes situados en el extranjero y, por el contrario, mantener el plazo de prescripción general cuando la obligación tributaria se refiere a bienes situados en territorio español

En cualquier caso, lo que está claro es que España ha recibido ya numerosas advertencias acerca de este asunto, pero seguramente deberemos esperar a la próxima sentencia del Tribunal de la UE, confiando en que adopte la opinión del abogado general en materia de sanciones formales, pero sea más tajante con la imprescriptibilidad de los bienes y derechos situados en el extranjero. Sin duda, es el momento de la justicia europea para tumbar también la imprescriptibilidad: en nuestra opinión, argumentos para motivar esta cuestión tiene de sobra.

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