Notificación a los coherederos en la herencia aceptada

Desde la aceptación de la herencia, que puede serlo a beneficio de inventario, el albacea o marmesor deja de representar a los herederos. A partir de esta fecha la Administración ha de notificar a cada uno de los herederos las liquidaciones de los tributos. La falta de notificación   podría implicar para éstos el inicio del cómputo de la prescripción.

CESE DEL ALBACEA COMO REPRESENTANTE DE LOS HEREDEROS

De conformidad con el artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la herencia ha sido efectivamente aceptada por los herederos forzosos, testamentarios o abintestato, el representante de la herencia serán los herederos propiamente dichos. En efecto, dicho artículo regula la representación de la herencia por el administrador en los siguientes términos textuales:

“Mientras la herencia no haya sido aceptada por los herederos, el administrador de los bienes representará a la herencia en todos los pleitos que se promuevan o que estuvieren principiados al fallecer el causante y ejercitará en dicha representación las acciones que pudieran corresponder al difunto, hasta que se haga la declaración de herederos.

Aceptada la herencia, el administrador sólo tendrá la representación de la misma en lo que se refiere directamente a la administración del caudal, su custodia y conservación, y en tal concepto podrá y deberá gestionar lo que sea conducente, ejercitando las acciones que procedan”.

LOS COHEREDEROS SON RESPONSABLES SOLIDARIOS

Asimismo, cabe significar que los herederos de la Comunidad hereditaria son también obligados tributarios. En efecto, el artículo 42.1.b de la LGT que regula los responsables solidarios reza textualmente como sigue:

“1. Serán RESPONSABLES SOLIDARIOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA las siguientes personas o entidades:

  1. Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades”.

En consecuencia, los herederos de la Comunidad hereditaria son responsables solidarios de las deudas tributarias de dicha Comunidad hereditaria.

COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS SON OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Así las cosas y sin perjuicio que el artículo 35 de la LGT no incluya la referencia expresa de que son obligados tributarios los responsables solidarios, lo cierto es que el responsable es un obligado tributario independiente, al que necesariamente hay que reconocer un periodo voluntario de ingreso propio (y que el artículo 174.6 de la LGT identifica con los plazos del artículo 62.2 del mismo texto legal) y respecto al cual es necesario proclamar la independencia del periodo de prescripción de la obligación. En este mismo sentido lo reconoce el TEAC en resoluciones de 10 de Abril de 1997 y 13 de Mayo de 1997.

Asimismo, el artículo 34 de la LGT regula los DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS en los siguientes términos:

1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

  1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
  2. Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
  3. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
  4. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
  5. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
  6. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
  7. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
  8. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
  9. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
  10. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
  11. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
  12. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
  13. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.
  14. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
  15. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
  16. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
  17. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
  18. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
  19. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
  20. Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.

Para el  derecho administrativo también es condición de eficacia de los actos administrativos su notificación. (…)Según  la doctrina del Tribunal Constitucional  la notificación de los actos administrativos incide en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución, cuando el vicio o defecto en la notificación impide o dificulta gravemente el acceso al proceso. (…)

Según indicamos en la citada Sentencia de 26 de Mayo de 2011 el anàlisis pormenorizado de la Jurisprudencia de esta Sala en materia de notificacions en el ámbito tributario –inevitablemente casuística- pone de relieve que, al objeto de determinar si debe entenderse que el acto administrativo o resolución notificada  llegó o debió llegar a conocimiento tempestivo del interesado son dos elementos que, con carácter general, deben ponderarse: En primer lugar, el grado de cumplimiento por la Administración de las formalidades establecidas por la norma en materia de notificaciones, en la medida en que se enderezan a garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento del interesado. Y en segundo término, las circunstancias concurrentes en cada caso, entre las que necesariamente deben destacarse: a) la diligencia del destinatario y de la Administración. b) el conocimiento que, no obstante el incumplimiento de todas o de algunas de las formalidades exigibles en el trámite, el interesado haya podido tener del acto notificado por cualquier medio; y, en fin c) el comportamiento de los terceros que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el interesado, puedan aceptar y aceptan la notificación. Sentencia del TS, Sala 3ª, 26052014 CAD

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