Indemnización por incapacidad o fallecimiento con origen en un seguro de vida colectivo

La indemnización que perciba un trabajador por causa de incapacidad permanente o fallecimiento, a través de un seguro colectivo por causa de enfermedad o de un accidente, según una Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos, tiene la naturaleza de un rendimiento del trabajo sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Entiende la DGT que se halla vinculada a un plan de pensiones y no contempla  que esta situación sea paralela a la indemnización exenta que perciba  el trabajador por causa de un despido improcedente.

La interpretación establecida por la Administración de los Tributos en las Consulta Vinculante V0637-18 de 12/03/2018 en respuesta a la consulta sobre la naturaleza de la indemnización percibida por un trabajador al que el INSS ha reconocido la incapacidad permanente total y recibe 65.151,40 euros de un seguro colectivo anual concertado por su empresa que cubre entre otras contingencias la incapacidad permanente total.

La cuestión planteada es si la cantidad percibida está exenta en virtud del artículo 7.d) de la Ley del Impuesto.

Dice la consulta que según la documentación aportada por el consultante se trata de un seguro colectivo que cubre los riesgos de fallecimiento y de invalidez permanente por accidente o por enfermedad.

Y a continuación se refiere al artículo 7 d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Estarán exentas las siguientes rentas:

 d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Y prosigue diciendo que según el segundo párrafo del apartado d del artículo 7 de la Ley, la exención se extiende a las indemnizaciones por daños personales que provengan de contrato de seguro de accidentes. Y que por tanto dado que el contrato de seguro sobre el que se consulta cubre no sólo los riesgos derivados de accidente, sino también riesgos derivados de enfermedad, la indemnización percibida no deriva  de un seguro de accidentes y en consecuencia no le ampara la exención del artículo 7-d) de la Ley 35(2006.

Y relaciona la naturaleza tributaria de esta indemnización con una de las definiciones de rendimientos del trabajo, concretamente la contemplada en el artículo 17.2ª)5º de la Ley 35/2006:

5.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial.

Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.

Y argumenta que según el artículo 7 del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones:

Artículo 7. Compromisos por pensiones.

  1. Tienen tal consideración los compromisos derivados de obligaciones legales o contractuales de la empresa con el personal de la misma, recogidas en convenio colectivo o disposición equivalente, que tengan por objeto realizar aportaciones u otorgar prestaciones vinculadas a las contingencias establecidas en el artículo 8.6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones. Tales pensiones podrán revestir las formas establecidas en el artículo 8.5 de la citada Ley, y comprenderán toda prestación que se destine a la cobertura de tales compromisos cualquiera que sea su denominación.

Precisa que la referencia efectuada por este artículo 7 al artículo 8.6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones, debe entenderse actualmente realizada al Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones:
artículo 8.6.b. 

Entre las contingencias por las que se satisfarán las prestaciones dice la del apartado b del artículo 8.6b:

b) Incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran invalidez, determinadas conforme al Régimen correspondiente de Seguridad Social.

CRÍTICA A ESTA INTERPRETACIÓN

No entra este criterio interpretativo a valorar la  causa por la que se cobra la indemnización, ni a determinar si las aportaciones al seguro colectivo efectuadas por la empresa e imputadas al trabajador como rendimiento en especie, tienen la naturaleza desde un punto de vista económico de un plan de pensiones, o más bien tienen la naturaleza de un seguro de vida.

Desconoce también que los convenios colectivos atienden principalmente a las posibles situaciones que pueden atentar al trabajador en su relación laboral, y la más importante es el accidente de trabajo que le incapacita para seguirse ganando la vida. Es desde este punto de vista que entiendo que la exención de la indemnización del artículo 7.d guarda una importante relación con la del artículo 7.e:

e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Ambas exenciones contemplan un solo escenario: el de un trabajador que pierde la posibilidad de ganarse la vida con su trabajo: por causa de un despido improcedente o por ser incapaz de realizarlo por causa de un accidente. Ambas causas son ajenas a su voluntad.

Reader Interactions

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *