El plazo para recurrir por silencio administrativo es indefinido.

El tiempo no pasa para recurrir el silencio de la Administración.

El plazo para recurrir por silencio administrativo es indefinido. Hay silencio Administrativo cuando la Administración o los Tribunales  no responden a los recursos  actuados  por el contribuyente, quien    puede presumir   que su recurso ha sido desestimado y recurrir contra esta desestimación  presunta. Y para ello no tiene un plazo determinado.

Aunque  según  el artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo  en caso de silencio: es de seis meses.

Pero esta regulación  ha sido  modificada por las sentencias de los Tribunales   al considerar  que la Administración está obligada a resolver en forma expresa,  pero que de no hacerlo, el ciudadano puede recurrir contra su inactividad sin un límite del plazo en que puede hacerlo.

El plazo

FUENTE Ley de la jurisdicción contencioso administrativa y legislación complementaria COLEX

Como señaló ya la STS, Sala Tercera, de 19-11-1996, del silencio administrativo, que presupone una infracción por la Administración de su obligación de resolver, no debemos deducir consecuencias gravosas para el particular.

El criterio consolidado del TC establecido entre otras numerosas, en Sentencia Sala Primera, núm. 3/2008 de 21 de Enero, en recurso 158/04, que el silencio administrativo es simplemente  una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la administración. Frente a las desestimaciones por silencio el administrado no puede estar obligado a recurrir siempre, y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento de un acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la administración en el cumplimiento de su deber de dictar una resolución expresa en todos los procedimientos. Deducir de este comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, negando al propio tiempo la posibilidad  de reactivar el plazo de impugnación mediante la reiteración de la solicitud desatendida por la administración, supone una interpretación que no puede calilficarse de razonable y menos aún con arreglo al principio “pro actione”, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental  del artículo 24.1 de la CE, al primar injustificadamente la actividad de la administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la resolución expresa. La interpretación que defiende la sentencia recurrida en autos, imponiendo a la demandante  la obligación de reaccionar en vía judicial contra la desestimación presunta por silencio administrativo negativo de su solicitud,  so pena de convertir esa inactividad en consentimiento con el acto presunto, supone una interpretación irrazonable que choca frontalmente  con el derecho a la tutela judicial efectiva  sin indefensión del artículo 24.1 de la CE en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

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