El Patrimonio Protegido

Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, así como sus frutos, rendimientos o productos, deberán destinarse a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario, o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido. Las personas que pueden ser beneficiarios de este patrimonio protegido son:

  • Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento.
  • Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento.

No es necesario que el beneficiario esté incapacitado judicialmente pero sí que se pruebe administrativamente o judicialmente su minusvalía. Por otro lado no se considera la posibilidad de que exista más de un beneficiario, por lo tanto es una figura que solo permite tener un beneficiario aunque si es posible que haya diversos aportantes. Pueden constituir el patrimonio protegido:

  • La persona con discapacidad si tiene capacidad de obrar suficiente.
  • Los padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente.
  • El guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica podrá constituir en beneficio de éste un patrimonio protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 306 del Código Civil.

Aunque cualquier persona con interés legítimo puede solicitar a la persona con discapacidad, o a su tutor o similar en caso de que no tenga capacidad de obrar, la constitución de un patrimonio protegido. Pero además debe ofrecer al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados suficiente para ese fin. En el caso de que los padres o tutores se nieguen injustificadamente, el solicitante puede acudir al fiscal, quien a su vez instará del juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad. Si el juez considera procedente la creación del patrimonio protegido entonces el cargo de administrador no podrá recaer en el padre o tutor que se hubiese negado a constituirlo. El patrimonio protegido se constituirá en documento público y deberá tener como mínimo el contenido siguiente:

  • El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el patrimonio protegido.
  • La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. Dicha determinación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta ley.
  • Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la administración o conservación del mismo.

Las aportaciones de bienes y derechos que sean posteriores a la constitución del patrimonio protegido deberán cumplir las mismas formalidades que la constitución del patrimonio protegido. Pueden realizar las aportaciones las personas que tengan un interés legitimo aunque con el consentimiento de la persona con discapacidad o sus padres o tutor en el caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente. Aunque las aportaciones en cualquier caso deben ser a titulo gratuito y no pueden someterse a término. La administración del patrimonio protegido depende de quien haya constituido el patrimonio protegido. Si el propio beneficiario ha sido quien lo ha constituido entonces la administración se sujetará a las reglas establecidas en el documento publico de constitución. En los demás casos el documento de constitución debe prever la obligatoriedad de autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado conforme a los artículos 271 y 272 del Código Civil. Aquellos que no puedan ser tutores tampoco podrán ser administradores conforme a la ley civil estatal o autonómica. El administrador cuando no sea el beneficiario tendrá la condición de representante legal y no necesitará del permiso de los padres o tutor para que sus actos sean válidos y eficaces. La administración se supervisará por el Ministerio Fiscal que puede instar al juez a las acciones necesarias en beneficio de la persona con discapacidad. Puede actuar de oficio pero también si se lo solicita cualquier persona. Además si el administrador no es el beneficiario debe rendir las cuentas ante el Ministerio Fiscal cuando éste lo requiera y en todo caso anualmente deberá presentar una relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos que lo formen. El patrimonio protegido se extinguirá por la muerte, declaración de fallecimiento de su beneficiario o si deja de tener la condición de persona con discapacidad de acuerdo con el articulo 2.2 de esta ley. Si se extingue por muerte o declaración de fallecimiento se entiende que formará parte de la herencia. Pero en el caso de que deje de tener la condición de discapacidad entonces se integrará en su patrimonio. Sin embargo la ley no deja clara la cuestión de si el patrimonio protegido forma parte o no del patrimonio del beneficiario de cara a sus acreedores. Puesto que la ley especifica no dice nada entonces es de aplicación la normativa general del código civil que considera en el articulo 1911 que todos los bienes, tanto presentes como futuros, del deudor pueden ser utilizados para pagar sus deudas. Así que nos encontramos con que el patrimonio protegido no está tan protegido como parecía. Beneficios fiscales Las aportaciones realizadas en favor del beneficiario tendrán la consideración de rendimiento del trabajo hasta el importe de 10.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto. En cuanto se superen estos límites será una donación y por tanto tributará por ese impuesto. Las aportaciones que se consideren rendimientos  del trabajo del beneficiario no estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta. Además al beneficiario tendrá exento de tributación por IRPF  el importe en que la suma de tales rendimientos y las prestaciones recibidas en forma de renta no exceda tres veces al salario mínimo interprofesional. También estarán exentas del IRPF las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en el aportante con ocasión de las aportaciones a los patrimonios protegidos. Los aportantes que tengan una relación con el beneficiario de parentesco en linea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive así como para el cónyuge o aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela tienen el derecho a reducir su base imponible de IRPF por la aportación realizada con el máximo de 10.000 euros. La reducción global no puede ser superior a 24.250 euros. Las aportaciones realizadas por el propio beneficiario no tendrán derecho a reducción. Las aportaciones que excedan de los limites antes mencionados darán derecho a los aportantes a minorarse la base imponible de IRPF en los cuatro periodos impositivos siguientes. Los sujetos pasivos del impuesto de sociedades tendrá una deducción del 10 por ciento de las contribuciones realizadas a favor de patrimonios protegidos de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros o de su parientes en linea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela. Si el trabajador tiene una renta igual o superior a 27000 euros la deducción se aplicara sobre la parte proporcional de las aportaciones. Teniendo en cuenta que la deducción máxima por cada trabajador no podrá exceder de 8000 euros anuales por cada trabajador. Estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de las contribuciones empresariales a patrimonios protegidos. Por último las aportaciones al patrimonio protegido estarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

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