El expediente sancionador caduca a los 3 meses.

El expediente  sancionador caduca a los 3 meses. Este plazo se cuenta  desde que se hubiese notificado o se entendiese notificado la correspondiente liquidación o resolución conforme al artículo 209.2 de la Ley General Tributaria.
Es un plazo de caducidad, con efectos preclusivos, de modo que si el procedimiento no se inicia dentro de este plazo, ya no podrá incoarse respecto de la persona o entidad que hubiese sido objeto del procedimiento de aplicación del que trae causa el sancionador. La norma establece con claridad que transcurrido el plazo de 3 meses será imposible ejercitar el ius puniendi de la Administración.
Esta limitación temporal para el inicio del procedimiento sancionador únicamente operará en los casos en los que se incoe como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración del contribuyente o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección.
Este plazo de caducidad que impide el inicio del expediente sancionador, es diferente del plazo de caducidad de los procedimientos de gestión tributaria, plazo de 6 meses, que determina la caducidad del procedimiento, pero no la prescripción de los derechos de la Administración a iniciar uno nuevo, pero como efecto favorable al contribuyente, las actuaciones realizadas no interrumpirán el plazo de prescripción. (Artículo 104 LGT)
Sin liquidación o resolución administrativa no puede haber sanción, pero sí que puede darse la apertura del expediente sancionador con carácter previo a la liquidación.

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