Derecho de retención sobre bienes muebles como garantía de pago

En el plano comercial, muchas veces nos encontramos con clientes que, actuando a nombre propio, o como intermediarios en una cadena de comercialización mayor, contratan nuestros servicios. Debido a fluctuaciones económicas u otros inconvenientes, es posible que el pago de las obligaciones contraídas se retrase más de lo contractualmente pactado. ¿Qué puedo hacer como prestador del servicio, y encontrándome en posesión de bienes del cliente o de un tercero cuando éste actúa como intermediario, para asegurar el pago? Lo más seguro es aplicar el derecho de retención sobre bienes muebles como garantía de pago.

Una respuesta a ésta interrogante es la que nos entrega el Código Civil de Cataluña, que en su Libro Quinto relativo a los Derechos Reales regula en sus artículos 569-3 a 569-11 el Derecho Real de Retención. Podemos definir este derecho como el que tienen los poseedores de buena fe de un bien ajeno, mueble o inmueble, que deban entregar a otra persona, de retener su posesión en garantía del pago completo de las siguientes deudas:

a) El resarcimiento de los gastos necesarios para conservar y gestionar el bien y de los gastos útiles, si existe derecho a reclamar su reembolso.

b) El resarcimiento de los daños producidos por razón de la cosa a la persona obligada a la entrega.

c) La retribución de la actividad realizada para confeccionar o reparar el bien, si previamente ha existido, en caso de muebles, un presupuesto escrito y aceptado y, en caso de inmuebles, un acuerdo expreso entre las partes, y si, en ambos casos, la actividad se adecua al presupuesto o al pacto.

d) Los intereses de las obligaciones establecidas por el presente artículo, desde el momento en que el derecho de retención se notifica en la forma que establece el artículo 569-5 del Código Civil Catalán.

e) Cualquier otra deuda a la que la ley otorgue expresamente esta garantía.

La retención de bienes puede ser una herramienta eficaz para lograr el pago de obligaciones pendientes

Para que el derecho de retención cause eficacia, se debe notificar notarialmente a los deudores, a los propietarios si son otras personas y a los titulares de los derechos reales, si procede, la decisión de retener, la liquidación practicada y la determinación del importe de las obligaciones anteriormente establecidas. Siempre en estos casos, los titulares de esos derechos reales, podrán oponerse judicialmente a la retención en el plazo de dos meses a contar de la fecha de la notificación.

El poseedor de buena fe pasa a tener la calidad de retenedor, y con ello, goza de la posibilidad de negarse, incluso ante terceras personas, a restituir el bien hasta que no se les hayan pagado totalmente las deudas que han originado la retención. Sin perjuicio de ello, se ve en la obligación de conservar el bien retenido con la diligencia necesaria y no pueden hacer ningún otro uso del mismo que no sea el meramente conservativo.

Ahora bien, para la realización del bien retenido, éste puede ser hecha por enajenación directa o por subasta pública notarial, una vez transcurridos dos meses desde la notificación notarial de la decisión de retener ya mencionada, sin que se haya producido la oposición judicial. Respecto de la enajenación directa, los retenedores y los propietarios del bien mueble retenido pueden acordar que lo enajene directamente cualquiera de ellos o que lo enajene una tercera persona, acuerdo que debe formalizarse necesariamente en escritura pública, la cual debe contener los criterios de la enajenación y el plazo en que ésta debe efectuarse. El plazo máximo es de seis meses, debiendo notificarse fehacientemente a los titulares de derechos reales conocidos sobre el bien, para que si están interesados, paguen la deuda y se subroguen en la posición de los acreedores. Finalmente, si no existe un acuerdo para la venta directa, pueden enajenar el bien retenido por subasta pública notarial, de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 569-7.

Es del caso señalar además, que puede ejercerse el derecho de retención sobre un bien mueble de valor inferior al importe de 3 meses del salario mínimo interprofesional originado por la retribución de la actividad que se ha realizado por encargo de los poseedores legítimos, de acuerdo con las reglas establecidas por el artículo 569-10. En estos casos la comunicación de la decisión de retener mediante notificación notarial puede ser sustituida por una notificación hecha por burofax, por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que acredite suficientemente su recepción. Otra característica importante es la reducción del plazo de disposición del bien para su enajenación, la que se reduce a un mes desde la notificación sin que los deudores ni los propietarios del bien hayan pagado la deuda o se hayan opuesto fehacientemente a la retención. Es así como el retenedor puede disponer libremente del bien, con subsistencia de las cargas preexistentes, salvo que consten inscritas en el registro correspondiente limitaciones de la facultad de disposición o reservas de dominio.

Finalmente, cabe señalar que los propietarios, si el bien se ha vendido, tienen derecho al remanente del precio obtenido una vez deducidos el importe del crédito que originó la retención y los gastos de conservación y enajenación, si procede, del bien retenido.

 

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