Comprobación de valores: tasación pericial contradictoria.

La tasación pericial contradictoria suspende la ejecución del acto administrativo.

La Administración tributaria puede comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria excepto si el obligado tributario haya declarado de las siguientes maneras:

a) El valor que le haya sido comunicado al efecto por la Administración tributaria en los términos previstos en el artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 69 de este reglamento.

b) Los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los medios previstos en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Aunque en cualquier caso se deberá comprobar lo establecido en la normativa de cada tributo para conocer si existe una regulación especifica.

La comprobación no prioritaria

En Cataluña la Administración autonómica diferencia entre la comprobación prioritaria o no prioritaria. La clasificación depende del criterio que utilice el obligado tributario a la hora de determinar el valor del bien que debe tributar.

En la comprobación prioritaria la Administración entrará a realizar una valoración técnica del bien para analizar si la valoración presentada es correcta. Mientras que la comprobación no prioritaria implica que la Administración considerará que no es preferente una valoración técnica.

 En el impuesto de transmisiones patrimoniales se clasificará como comprobación no prioritaria cuando el valor del bien declarado sea igual o superior al valor catastral actualizado mediante los coeficientes publicados por la Comunidad Autónoma. Por el contrario cuando el valor del bien no lo supere será considerado como comprobación prioritaria.

Se seguirá el mismo criterio en el caso de las donaciones. Cuando se trate de sucesiones se tiene en cuenta por parte de la Administración que surgirán situaciones que minoren el valor de los bienes y por lo tanto clasificarán como comprobaciones de valoración de bienes no prioritarias aquellas a las que les haya aplicado unos coeficientes de actualización menores que para el impuesto de transmisiones patrimoniales y donaciones.

En el caso de las primeras transmisiones cuando no se hayan asignado los valores catastrales serán comprobaciones prioritarias cuando el valor del bien declarado no supere los módulos por superficie estipulados por la Administración. Por lo tanto la Administración inspeccionará aquellas liquidaciones que estén en la lista de comprobaciones prioritarias para analizar si esos valores son los correctos o el obligado está intentando evadir impuestos.

Sin embargo si  el precio del bien que tributa es  inferior a los valores oficiales, entonces se considerará  comprobación prioritaria con los problemas que eso conlleva.

A pesar de que la Administración sabe que la valoración mediante el valor catastral y coeficientes de actualización no es el método más apropiado,  actualmente siguen aplicando ese criterio porque para ellos no es posible realizar una valoración técnica de cada bien que tribute.

Pero para el contribuyente sigue siendo un problema que la Administración pueda entrar a valorar el bien una vez presentado la declaración del tributo ya que la regularización posterior puede significar que deba ingresar una suma adicional a la ya presentada con la declaración del impuesto.

En cualquier caso el contribuyente tiene una opción muy interesante para argumentar en contra de la valoración realizada por la Administración y esa es la tasación pericial contradictoria.

Tasación pericial contradictoria

El obligado tributario puede presentar una valoración pericial contradictoria con la presentada por la Administración. Si se cumplen las condiciones que explicaremos más adelante, puede solicitarse un peritaje por un tercer perito ajeno a la Administración y al interesado. Además se puede reservar el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando se estime que la notificación no contiene una  expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y se denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa.

 La reserva o presentación de solicitud de la tasación pericial contradictoria implicará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso contra la misma. Las condiciones a las que nos hemos referido consisten en que  si se comprueba que la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario es igual o inferior a 120.000 euros y al 10% de dicha tasación, se utilizará la  tasación pericial del obligado tributario.

Pero si la diferencia es superior se designará un perito tercero. La valoración del perito tercero será la definitiva pero tendrá como   límite el valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria. La solicitud de la tasación pericial contradictoria implicará que se debe realizar una valoración por un perito de la Administración si ésta no ha sido realizada anteriormente. Se entenderá que el obligado tributario solicita una tasación pericial cuando los motivos de oposición al acto sea la cuantificación de los elementos técnicos. A no ser que se manifieste expresamente que se impugna el acto administrativo. Una vez realizada la tasación el órgano competente notificara al obligado tributario la valoración pericial. Se le concederá el plazo de 10 días para que el obligado puede nombrar a su perito, el cual deberá tener un titulo adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos de valor.

Si transcurre el plazo de 10 días sin que el obligado tributario haya designado un perito se entenderá que ha desistido del procedimiento y este se dará por terminado. Además no se podrá volver a promover una nueva tasación pericial. El tercer perito será designado como determine la normativa. En primer lugar será necesaria la aceptación de la designación por el perito nombrado. Sus honorarios pueden ser estandarizados si así lo regula la Administración. Posteriormente se le entregará la relación de bienes y derechos a valorar y los informes de los peritos anteriores. El perito tendrá un mes para confirmar una de las valoraciones anteriores o realizar una nueva valoración. En el caso de que no emita valoración en ese plazo se puede dejar sin efecto su designación. Si esto sucede se notificará el perito y al obligado tributario y se procederá al nombramiento de otro perito. Los honorarios del tercer perito serán abonados por el obligado tributario . El perito por su parte puede exigir que se haga provisión del importe de sus honorarios mediante deposito en el plazo de 10 días. La falta de depósito por cualquiera de las dos partes supone la aceptación de la valoración de la otra. El proceso puede terminar de las siguientes maneras:

a) Por la entrega a la Administración tributaria de la valoración efectuada por el perito tercero.

b) Por el desistimiento del obligado tributario.

c) Por no ser necesaria la designación del perito tercero.

d) Por la falta del depósito de honorarios por cualquiera de las partes. En este supuesto no podrá promoverse una nueva tasación contradictoria o una nueva comprobación de valores dependiendo de quien no haya realizado el deposito.

e) Por caducidad en los términos previstos en el artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se tomará el valor de la tasación realizada por la Administración y no podrá volverse a iniciar el proceso. Cuando se haya terminado el procedimiento la Administración tendrá el plazo de un mes para notificar la liquidación que corresponda a la valoración que sea la correcta y también los intereses de demora. Aunque si la Administración incumple con el plazo de un mes no se exigirán intereses de demora.

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