La disolución de la comunidad de bienes que no realice actividades empresariales tributará únicamente por el Impuesto sobre actos jurídicos documentados.
Análisis de los supuestos de tributación en la división y adjudicación de bienes comunes.
La vigencia máxima de los contratos de arrendamiento de duración indefinida o prórroga forzosa es de 30 años.
La duración de los contratos no puede ser indefinida y sólo será aceptable la prórroga fOrzosa cuando haya sido pactada de forma inequívoca por los contratantes.
El término indefinido resulta contrario a la naturaleza del contrato de arrendamiento urbano. Como excepción a esta regla general nos podemos referir al supuesto en que las partes contratantes acuerden expresamente la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento.
Un elemento común no pasará a tener la consideración de privativo por el uso particular continuado, pero sí se adquiere el derecho a continuar con el privilegio del uso cuando pasan quince años.
El uso privativo de un elemento común puede venir dado por la propia estructura de división horizontal o por un acuerdo de la Comunidad adoptado por unanimidad. Dicho acuerdo sólo puede revocarse por los propietarios por unanimidad.
Los edificios de más de 45 años están obligados a efectuar la inspección técnica de edificios.
La Comunidad debe responder de los daños en las terrazas comunitarias de uso privativo siempre que sean de carácter estructural y no hayan sido ocasionados por la acción u omisión del propietario que tenga atribuido su uso.
Las Comunidades son responsables de las terrazas privativas si consienten que se planten árboles en ellas: porque la terraza-cubierta es siempre a estos efectos un elemento común y por tanto su conservación y mantenimiento corresponde a la Comunidad de Propietarios.
El voto de los propietarios ausentes se computa como favorable a los acuerdos adoptados tratándose de acuerdos que se adoptan por mayoría simple. Cuando se requiere unanimidad o mayoría reforzada, los propietarios ausentes disponen de un plazo de 1 mes para manifestar su oposición al acuerdo adoptado.
Toda comunidad puede revocar un acuerdo adoptado anteriormente.