Ascensores: suprimir las barreras arquitectónicas
 ¿Quién paga la accesibilidad?

¿Quién paga la accesibilidad?

El apartado 6 del artículo 553.25 del Código Civil Catalán concede la facultad a los propietarios discapacitados físicos y a las personas con quienes conviven, independientemente de cuál sea su relación de convivencia o parentesco, de que en el supuesto de no aprobarse por la Junta las obras o el establecimiento de servicios que tuvieran como finalidad la supresión de barreras arquitectónicas, la instalación de ascensor, o cualquier innovación exigible para la viabilidad o transitabilidad del inmueble, según las letras a y b del apartado 5 del mismo artículo, que puedan acudir a la autoridad judicial a fin de que condene a la Comunidad a ejecutarlas. La particularidad de la disposición no está en que la Comunidad deberá consentir la ejecución de las obras o el establecimiento del servicio que se determinen por el juez, pues así ya estaba previsto en la Ley 15/1995 de 30 de Mayo: Sobre límites del dominio sobre bienes inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a personas, sino en que la resolución judicial supone la obligación de la Comunidad de realizar las obras de supresión de barreras arquitectónicas, de accesibilidad o de transitabilidad, es decir,  la Comunidad las ejecutará a su cargo, a diferencia de lo establecido en la Ley 15/1995, en la que tales gastos son a costa del solicitante. Es más, no se establece en este apartado ningún límite económico ni condición de ninguna clase respecto al alcance de la obligación, a diferencia de lo que se prevé en el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, desde la última reforma introducida a través de la Disposición Adicional tercera de la Ley 51/2003 de 2 de Diciembre.

En este sentido, constituye una garantía que la norma atribuya sólo al juez la imposición de la obligación a la Comunidad de suprimir las barreras arquitectónicas o de realizar las innovaciones exigibles, sin embargo, no se hace referencia alguna a la consideración  de circunstancias o requisitos concurrentes  susceptibles de ser evaluados para el reconocimiento o no de la solicitud, tales como la proporcionalidad de las obras que se solicita ejecutar y la causa que las motiva, su coste, soluciones alternativas de accesibilidad, naturaleza y características de la finca o incluso condición económica de los demás comuneros. Sin embargo, aunque la literalidad del precepto no parece admitir consideraciones, somos de la opinión de que, en todo caso, corresponderá al juez en su labor de interpretación, la apreciación de exigencia de buena fe, la posible concurrencia de abuso de derecho, de su ejercicio antisocial o de que no se sobrepasen los límites normales  o proporcionales de su ejercicio, teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas  y no discriminación de las personas con discapacidad. Los Tribunales deberán manifestarse, sin duda, respecto a todo ello antes las previsibles  solicitudes que se van a formular, como por ejemplo para la instalación de ascensor, que sigue constituyendo materia de conflictos, especialmente cuando ello comporta la afectación de una entidad privativa  o de un derecho de uso privativo. El procedimiento de la solicitud, a nuestro entender, se habrá de sustanciar por los trámites del juicio verbal, ateniéndonos para esta consideración a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley  15/1995, ya referida, cuya vigencia no cabe poner en duda dada la competencia exclusiva del Estado en materia procesal.

La norma parece positiva en cuanto trata de favorecer a las personas discapacitadas, pero puede llegar a resultar excesiva  y desproporcionada en la medida que traslada  toda la responsabilidad de la ejecución de las instalaciones y asunción del gasto al resto de comuneros, independientemente de cuál sea su situación económica, olvidando toda referencia a la obligación constitucional que, ineludiblemente, corresponde a los poderes públicos…

Artículo 553-25 Código Civil Catalán

Artículo 553-25.Fuente Propiedad Horizontal Ley 5/2006 de 10 de Mayo del libro V del Código Civil Catalán. Comentarios. Coordinador Daniel Loscertales Fuentes.

Acuerdos.1. Solo pueden adoptarse acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día. Sin embargo, la junta de propietarios puede acordar, aunque no consten en el orden del día, la destitución del presidente o presidenta, el administrador o administradora o el secretario o secretaria y emprender acciones contra ellos, así como el nombramiento de personas para ejercer dichos cargos.

2. Es preciso el voto favorable de las cuatro quintas partes de los propietarios, que deben representar las cuatro quintas partes de las cuotas de participación, para adoptar acuerdos de modificación del título de constitución y de los estatutos, salvo que el título establezca otra cosa.

3. Es suficiente el voto favorable de las cuatro quintas partes de los propietarios, que deben representar las cuatro quintas partes de las cuotas de participación, para adoptar acuerdos relativos a innovaciones físicas en el edificio si afectan a su estructura o configuración exterior y a la construcción de piscinas e instalaciones recreativas.

4. Los acuerdos que disminuyan las facultades de uso y goce de cualquier propietario o propietaria requieren que este los consienta expresamente.

5. Es suficiente el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que deben representar la mayoría de las cuotas de participación, en primera convocatoria, o la mayoría de las cuotas de los presentes y representados, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos que se refieren a:

  1. La ejecución de obras o el establecimiento de servicios que tienen la finalidad de suprimir barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores.
  2. Las innovaciones exigibles para la viabilidad o la seguridad del inmueble, según su naturaleza y sus características.
  3. La ejecución de las obras necesarias para instalar infraestructuras comunes, para conectar servicios de telecomunicaciones de banda ancha o para individualizar la medición de los consumos de agua, gas o electricidad.
  4. Las normas del reglamento de régimen interior.
  5. Los acuerdos a que no se refieren los apartados 2 y 3.

6. Los propietarios con discapacidad física o las personas con quienes conviven, si los acuerdos a que se refieren las letras a y b del apartado 5 no alcanzan la mayoría necesaria, pueden pedir a la autoridad judicial que obligue a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas o a realizar las innovaciones exigibles para alcanzar la transitabilidad del inmueble.

 Ley 15/1995 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-12914

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Comentarios

  1. He leído con interés su artículo, dado que en nuestra comunidad estamos atravesando una época conflictiva a causa de unas obras de reforma que, en principio, podrían ser catalogadas de “supresión de barreras arquitectónicas”, pero que a juicio de algunos vecinos son desmesuradas, ya que nos obligan a pagar cifras que están entre los 7000 y los 10000 euros por piso. Se trata, en suma, de hacer bajar el ascensor de la finca hasta la planta baja y el parking del inmueble, con el fin de salvar un tramo de trece escalones que ahora mismo separan la calle del ascensor. La verdad es que tengo serias dudas acerca de que dicho proyecto encaje con el espíritu de la Ley (algunos vecinos mayores de 70 años, por ejemplo, son quienes más se oponen a esa reforma), y, dado que la situación económica actual no invita a gastos superfluos, no sé hasta qué punto no es una insensatez destinar todo ese dinero a unas obras que, en mi opinión, se “disfrazan” de “supresión de barreras arquitectónicas” para que algunos vecinos, los más acomodados económicamente y los más partidarios de la obra, gocen de la comodidad de ir de sus coches a sus pisos sin pasar por las escaleras. ¿Se puede hacer algo al respecto? Muchas gracias.

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