Arbitrio de plusvalía a cargo del comprador

La cláusula que imponga el pago del IIVTNU al comprador puede ser declarada nula. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 7981/2011, Recurso de Casación 842/2011, Ponente Jesús Corbal Fernández.

Los demandantes interponen demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia para que se anule la cláusula del contrato de compraventa por la que se impuso la obligación de pago de la plusvalía a los compradores. El juzgado de primera instancia desestima la demanda. Los demandantes recurren esta Sentencia ante la Audiencia Provincial que estima parcialmente el recurso de apelación y declara la nulidad por abusiva de la cláusula en cuanto se impuso a los compradores la obligación de pago. 

El demandado recurrió y fue admitido el recurso en casación.

PRIMERO: Alega infracción por inaplicación del artículo 1455 del Código Civil en relación con el 1255 y 1091 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO: Denuncia indebida aplicación del artículo 10 bis de la Ley General de Consumidores y Usuarios en relación con la Disposición Adicional Primera, apartado 22, en la redacción vigente al tiempo de perfección y consumación del contrato (anterior a la entrada en vigor de la Ley 47/2006 de 29 de diciembre) y existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. 

TERCERO: El primer motivo se desestima porque la sentencia recurrida no niega la doctrina jurisprudencial que, con base en los artículos 1255 y 1455 del Código Civil, reconoce la validez del pacto que deriva el pago del impuesto de plusvalía del vendedor al comprador. Lo que la sentencia recurrida sienta es que dicho pacto es nulo de pleno derecho cuando, por abusivo, contradice la normativa de consumidores – arts. 10 bis de la LFDCyU y 5.3 del Rd. 515/89, como Derecho vigente al tiempo del contrato. 

Por consiguiente una cosa es la validez del pacto con carácter general (artículo 1255 y 1455 del Código Civil) y otra distinta su posible nulidad a la luz de la normativa especial relativa a la protección de los consumidores, y por todo lo razonado el motivo decae. 

En el segundo motivo se alega indebida aplicación del artículo 10 bis de la Ley General de Consumidores y Usuarios en relación con la Disposición Adicional Primera, apartado 22, en la redacción vigente al tiempo de perfección y consumación del contrato (anterior a la entrada en vigor de la Ley 47/2006 de 29 de diciembre) y existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. 

Efectivamente esta ley no tiene carácter retroactivo, por lo que su aplicación habría sido contraria a la prohibición de la retroactividad del artículo 2.3 del Código Civil. Sin embargo, la Sentencia recurrida no la aplica directamente, ni siquiera le reconoce carácter interpretativo, que obviamente no tiene, y tan es así que de haberlo entendido de otro modo, debería haberla aplicado directamente, pues la prohibición de retroactividad del artículo 2.3 del Código Civil, no afecta a las normas interpretativas o aclaratorias. Lo que sí hace la Audiencia es considerar a dicha Ley – en su concreto precepto contemplado – como un elemento interpretativo, pero se trata de una apreciación inane para la casación ya que no trasciende a la “ratio decidendi”, la cual como único fundamento decisivo del fallo, es la que cabe discutir en el recurso extraordinario, el cual no se da, como viene reiterando este Tribunal, contra los argumentos “obiter”, a mayor abundamiento, o de refuerzo dialéctico. 

El tema nuclear de la controversia queda reducido a determinar si conforme a la legislación de consumidores vigente al tiempo del contrato debe calificarse o no de abusiva la cláusula de un contrato de compraventa en la que se establece que el comprador, cuya condición de consumidor no se discute, tiene la obligación de pagar el impuesto de plusvalía. 

El precepto relevante para decidir el asunto es el del párrafo primero del apartado 1 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios 26/1984 de 19 de julio, redactado por la Ley 7/1998 de 13 de abril de Condiciones Generales de Contratación, en la que se establece que se considerarán abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. 

La Sentencia recurrida considera subsumible la Sentencia en la norma y tal apreciación no resulta desvirtuada en casación. El primero de los requisitos (estipulación no negociada individualmente) se deduce de la apreciación relativa a que los compradores manifestaron su discrepancia y que no les quedó más remedio que aceptar la condición o desistir de la compra, con los consustanciales inconvenientes, lo que revela que se trató de una cláusula impuesta; tanto más si se tiene en cuenta que difícilmente cabría imaginar una negociación individual al hallarse inserta en una pluralidad de contratos celebrados por la entidad demandada. La falta de buena fe se manifiesta en que, además, de no ofrecer el vendedor desde el inicio una completa información a los compradores, incluso en la escritura de compraventa no se dio como seguro que se generaría el impuesto de plusvalía, cuando la vendedora forzosamente tenía que conocer que así era, lo que supone una conducta no ajustada a la lealtad y confianza exigible en los tratos y especialmente en las relaciones en que intervienen un promotor o constructor y un consumidor. Y finalmente es claro el desequilibrio contractual porque en el impuesto de que se trata el sujeto pasivo es el transmitente, que es quien eprcibe el aumento de valor – mayor valor adquirido por el inmueble – y como tal beneficiario está obligado al pago. 

Por consiguiente, por tratarse de una estipulación no negociada individualmente que limita los derechos de los consumidores recibe la sanción de nulidad que le impone el artículo 10 de la Ley 26/1984 y que convierte en indebido y restituible lo pagado por el consumidor.      

Por lo que respecta al planteamiento de existencia de sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales, procede señalar que es cierto que en dichos tribunales se han manifestado diversos criterios en la materia, los que resulta oportuno unificar en los siguientes términos:

1. El pacto incorporado a un contrato de compraventa por el que se establece la obligación de pago del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a cargo del comprador queda sujeto al control de validez con aarreglo a la legislación de consumidores entonces vigente; y, 2. La Ley 44/2006 de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios no puede ser aplicada con carácter retroactivo.

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