Actos de disposición de los patrimonios protegidos

Canción de Navidad de Charles Dikens , el futuro como principal preocupación de los padres de personas con discapacidad.

Los actos de disposición de los patrimonios protegidos son penalizados por la ley fiscal porque el patrimonio protegido para las personas con discapacidad es un mecanismo institucional que  la legislación civil   ha  creado para responder a la inquietud que la sobrevivencia de estas personas despierta en sus tutores, curadores, guardadores y en general en su grupo familiar. Las aportaciones a los patrimonios protegidos pueden ser objeto de reducción en los aportantes y no se gravan en los beneficiarios con determinados límites. Los actos de disposición de los patrimonios protegidos están penalizados por la ley fiscal.  ¿Son actos de disposición los que se efectúan anualmente para el pago de las necesidades de la persona con discapacidad: alimentos, vivienda, suministros…? Concluiremos legalmente que  pueden haber actos de disposición, pero que   deben coexistir con la formación   de una solidez patrimonial que garantice la sobrevivencia de futuro  de la persona con discapacidad, inquietud ésta principal y primera de los padres de las personas con discapacidad.

A efectos de la legislación estatal en esta materia tendrán la consideración de personas con discapacidad las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 % o las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual superior al 65 %. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.

Constitución del patrimonio, mantenimiento del mismo, actos de disposición, control legal, tratamiento fiscal de las aportaciones…. son algunos de los aspectos que son regulados por una prolija legislación a la que  haré alusión más adelante.

Sentada pues la premisa más importante de esta legislación:  el grupo familiar reserva parte de sus bienes,  pensando en el futuro de estas personas, mediante la constitución de un patrimonio protegido legalmente, con el objeto de que pueda contribuir a su sostenimiento y al pago de sus necesidades vitales, entraré pues a explicar el tratamiento fiscal de las aportaciones que pueden realizarse al mismo y de los actos de disposición de los patrimonios protegidos.

En el  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

La persona que aporta

Personas que tengan con el discapacitado una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, su cónyuge o quienes lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.

Tienen una   reducción en la base imponible, de modo análogo a Planes de Pensiones,tiene que tratarse de  parientes en línea recta o colateral hasta tercer grado, cónyuge y tutores o acogedores, por una cuantía máxima de 10.000 euros anuales por aportante, como máximo por todos 24.250 euros. Si se quiere aportar un inmueble, para no superar dicho límite, se pueden hacer porcentajes de propiedad anualmente. Las aportaciones que excedan de los límites previstos darán derecho a reducir la base imponible de los cuatro años siguientes.

La persona con discapacidad

Persona afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 % o las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual superior al 65 %.

Tributan  como rendimiento del trabajo hasta el importe de 10.000 euros por cada aportante, en conjunto 24.250 euros anuales, si bien están exentas hasta un importe máximo conjunto de 3 veces el IPREM (para 2017, 22.558 euros), según establece el artículo 7.w de la Ley de IRPF.

Las ganancias  patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones a los patrimonios protegidos se hallarán exentas conforme al artículo 33.3 e de la Ley del IRPF.

El artículo 54.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, penaliza los actos de disposición del patrimonio protegido al tenerse que retrotraer los beneficios fiscales de los que fueron objeto:

5. La disposición de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuada en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes tendrá las siguientes consecuencias fiscales:

a) Si el aportante fue un contribuyente por este Impuesto, deberá reponer las reducciones en la base imponible indebidamente practicadas mediante la presentación de la oportuna autoliquidación complementaria con inclusión de los intereses de demora que procedan, en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la disposición y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se realice dicha disposición.

b) El titular del patrimonio protegido que recibió la aportación deberá integrar en la base imponible la parte de la aportación recibida que hubiera dejado de integrar en el período impositivo en que recibió la aportación como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la letra w) del artículo 7 de esta Ley, mediante la presentación de la oportuna autoliquidación complementaria con inclusión de los intereses de demora que procedan, en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la disposición y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se realice dicha disposición.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

En  la personapersona con discapacidad  que recibe,  no formará parte del hecho imponible de dicho impuesto la parte para el perceptor que tenga la consideración de rendimientos del trabajo. Por ejemplo, si se recibe un inmueble valorado en 100 mil euros, sólo tributarán 90 mil euros, como en Cataluña, con reducción adicional del 90%, según artículo 56 LISD

Actos de disposición del patrimonio protegido

Según la Exposición de motivos de la Ley 41/2003 de 18 de Noviembre el objeto inmediato de esta ley es la regulación de una masa patrimonial, el patrimonio protegido de las personas con discapacidad, la cual queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad, favoreciendo la constitución de este patrimonio y la aportación a título gratuito de bienes y derechos a la misma. Es de aplicación preferente la legislación de las Comunidades Autónomas, en Cataluña, así la Ley 25/2010 de 29 de Julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia  y el Decreto30/2012 de 13 de Marzo del Registro de nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes otorgados en previsión de incapacidad y del Registro de patrimonios protegidos

¿Pero qué actos de disposición se permiten?

Dice al artículo 5 de la Ley 41/2003 en su apartado 1:

Artículo 5. Administración.

1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario del mismo, su administración, cualquiera que sea la procedencia de los bienes y derechos que lo integren, se sujetará a las reglas establecidas en el documento público de constitución.

2. En los demás casos, las reglas de administración, establecidas en el documento público de constitución, deberán prever la obligatoriedad de autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los artículos 271 y 272 del Código Civil o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de Derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables.

Pero la Ley 01/2009 ha añadido un segundo párrafo:

“En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.”

La Cuestión Vinculante nº V0255-19 de la Dirección General de Tributos, SG de Impuestos de la Renta de Personas Físicas, 2019-02-07        se  pronuncia sobre una posible contradicción entre el artículo 54.5 de la Ley del IRPF y esta modificación de la Ley 41/2003 que parece blindar fiscalmente los actos de disposición del patrimonio protegido.

Y concluye:

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, debe concluirse que el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, no debe considerarse como disposición de bienes o derechos, a efectos del requisito de mantenimiento de las aportaciones realizadas durante los cuatro años siguientes al ejercicio de su aportación establecido en el artículo 54.5 de la LIRPF.

Ahora bien, para que tal conclusión sea posible, dado que los beneficios fiscales quedan ligados a la efectiva constitución de un patrimonio, deberá constituirse este último, lo que implica que, salvo en circunstancias excepcionales por las que puntualmente la persona con discapacidad pueda estar atravesando, el gasto de dinero o bienes fungibles antes del transcurso de cuatro años desde su aportación no debe impedir la constitución y el mantenimiento durante el tiempo del citado patrimonio protegido.

Evidentemente, tanto la concreción de las necesidades vitales del discapacitado, las circunstancias excepcionales anteriormente señaladas, así como la efectiva existencia de un patrimonio, son una cuestión de hecho, que deberán ser acreditadas por el contribuyente a través de medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), correspondiendo su valoración a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

En fin, según la Dirección pueden haber actos de disposición que deben coexistir con la existencia de una solidez patrimonial que garantice la sobrevivencia de la persona con discapacidad.

Declaración conjunta para las personas con discapacidad

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